Cedecarne, la Confederación Española de Detallistas de la Carne, ha mostrado a través de un comunicado su preocupación por algunas de las medidas recogidas en el Real Decreto de medidas de ahorro y eficiencia energética aprobado por el Gobierno. Por ello, solicita una clarificación en relación con la aplicación de las mismas para evitar la inseguridad jurídica que puede suponer para las los carniceros y charcuteros.

Asimismo, considera que "el Gobierno debería haber tenido en cuenta la opinión de los comerciantes a la hora de tener en cuenta cuestiones importantes como el tipo de establecimiento, su tamaño, el producto que vende o su ubicación geográfica, a la hora de fijar las temperaturas máximas y mínimas dentro de los establecimientos".

Entre las medidas aprobadas que preocupan al sector, y que necesitan que sean clarificadas por parte de las administraciones, está el del control de la temperatura en los establecimientos. Desde el comercio especializado de carnes y derivados se entiende que, en base a la propia normativa en materia de seguridad alimentaria, "no deben serles de aplicación las medidas en cuanto a control de temperatura, no sólo en los obradores sino en las dependencias de venta".

Para Cedecarne, la norma, además, entra en clara contradicción con otras normativas existentes, y en algunos casos son de difícil cumplimiento, por ejemplo, con la normativa laboral, generando una inseguridad jurídica en las empresas del sector que, una vez más, pueden verse sujetas a criterios interpretativos particulares. Así, limitar el aire acondicionado de los establecimientos a 27 grados contradice con las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo que fija la ley.

Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que las nuevas obligaciones conllevarán un incremento de los gastos que debe asumir el carnicero y charcutero y que vienen a sumarse a los que ya viene soportando. Todas estas duras condiciones han llevado a la desaparición de un 8% de empresas en este sector en los últimos cinco años, por lo que urge que a las administraciones medidas que reviertan este escenario.

La Confederación empresarial solicita en este sentido que se habiliten las ayudas económicas necesarias para facilitar su cumplimiento a un sector que viene soportando en los últimos años nuevas obligaciones económicas (impuestos asociados al plástico, a los gases flourados, medidas covid, entre otras) y se revisen los plazos para permitir a las empresas del sector, micropymes familiares en su mayoría, la adaptación a la nueva norma.