En menos de un mes el sacrificio legal y formal de porcinos en la capital de Meta se alejó de la clandestinidad y la ilegalidad, pasando de 66 animales diarios a 110 en un solo día.

El cambio se ha producido gracias a los operativos de control realizados a comienzos de septiembre por la Secretaría local de salud, la Policía y el Invima, en los que se incautaron 32 cerdos sacrificados y 100 aún vivos, en un sitio ilegal localizado en el barrio Brisas del Guatiquía.

Según Santos Cortés, gerente de la planta de sacrificio de Friogán en Villavicencio, el sacrificio legal aumentó más del 50 por ciento si se tiene en cuenta que semanalmente se estaban sacrificando en el mercado local aproximadamente 280 porcinos y tras los operativos se pasó a cerca de 600.

“Si hablamos de sacrificio en el mes de agosto tenemos que se sacrificaron 1.723 porcinos y esa cifra dividida en 26 días me da un resultado de 66 cerdos diarios y en las dos últimas semanas de septiembre se notó el incremento, pues llegamos a un promedio de 110 cerdos diarios”, afirmó Cortés.

Explicó además, que el pasado 21 de septiembre se organizó una reunión con todas las personas que sacrifican porcinos en la que tuvo la oportunidad de hablar con ellos, contarles sobre la planta, mostrarles cómo se realiza la operación y cómo está conformado el organigrama del personal que hace el beneficio.

“En la reunión adquirimos unos compromisos de mejoramiento en el tema de recepción de los animales y en las básculas” agregó. También aclaró que los sacrificadores clandestinos tienen ganancias, porque mientras ahorran $20.000 o $30.000 por cerdo con el sacrificio ilegal, pierden más de un millón de pesos cuando les son decomisados los porcinos en medio de un operativo.

Personal especializado

El gerente añadió que sacrificar clandestina e ilegalmente siempre será más económico pero no con las garantías y ventajas que ofrece la planta ya que en ella se cuenta con personal especializado para atender el proceso porcino y un supervisor que está pendiente de los equipos.

“Hay 18 personas que son los operarios que hacen el proceso y un inspector oficial permanente del Invima, que generan unos costos de producción que tenemos que asumir”, dijo Cortés.