En las últimas semanas, agricultores de toda Europa están saliendo a la calle mostrando su enfado y frustración por el impacto de los crecientes costes legislativos. La descapitalización de la cabaña ganadera es real y se ha acelerado en los dos últimos años, coincidiendo con la bajada de apoyos de la nueva PAC. Europa está empujando a la ganadería europea a una debacle total y la prueba de este desaguisado es que, en el último año, España ha perdido más de 80.000 vacas nodrizas y bajado su producción un 5,5%.

Desde Asoprovac (Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne) confirmamos que no nos sorprende que las protestas originadas en Alemania se hayan extendido por toda Europa, mostrando una indignación que no ha encontrado la respuesta esperada de Bruselas, con una clase política alejada de la realidad de la ganadería. Las tres flexibilizaciones planteadas para la PAC son totalmente insuficientes y demuestran que no han entendido nada de la problemática actual. Por si fuera poco, la aprobación hace unos días de la Ley de la restauración de la naturaleza se puede leer como toda una provocación, tratándose de una norma sin clara financiación y que puede causar serios problemas a comunidades agrarias y forestales europeas.

Lo planteado por la Comisión no va a acabar con la crisis de la ganadería. Tampoco se molesten en hacer una encuesta, van a perder ustedes el tiempo. Los ganaderos están cansados de rellenar papeles y no tienen tiempo para cumplimentar encuestas de las que no hay ninguna garantía que sirva para algo. La Comisión ya dispone de información suficiente para hacer su propio diagnóstico. La Comisión Europea en el informe de su DG Agri  lo explica claramente: “Se prevé que la producción de carne de vacuno de la UE siga disminuyendo y se reduzca la cabaña de aquí a 2035, debido a la baja rentabilidad y a un marco reglamentario más estricto, en particular en los aspectos medioambientales”.

Los informes de previsiones de sus propios expertos deberían haber hecho saltar la voz de alarma antes de la implantación del Pacto Verde y el tsunami legislativo que lleva asociado. Al tremendo incremento de los costes legislativos y burocráticos se une la reducción de los apoyos de la PAC a la ganadería de vacuno. El sector está haciendo los deberes, pero a pesar del claro compromiso del sector con la sostenibilidad y la reducción de emisiones, la brecha entre los ganaderos europeos y nuestros competidores internacionales será cada vez más grande llevando a una situación totalmente insostenible. Asoprovac considera que este menosprecio a productores europeos acabará provocando un problema gravísimo de seguridad alimentaria en Europa.    

“Es momento de que autoridades políticas españolas actúen, planteen un paquete de medidas valiente que realmente de respuesta al declive del medio rural y exijan responsabilidades políticas en Bruselas”, afirma Matilde Moro, gerente de Asoprovac. Es por ello, que mañana, día 14 de marzo del 2024, la organización ha decidido registrar un listado de reivindicaciones que consideramos pueden ser realmente de utilidad para revertir parte del problema. 

Listadode reivindicaciones:

1. Reducción máxima de la carga burocrática y retraso de todos aquellos aspectos del Real Decreto 1053/2022 sobre ordenación de vacuno mientas no sean exigidos a nivel comunitario. Concretamente, simplificación máxima del SIGE y eliminación del plan de bienestar animal y de gestión ambiental, además de posponer la exigencia de los artículos 10.6 y 11, relativos a la gestión de estiércoles y reducción de emisiones.
2. Cuaderno digital de explotación (CUE) voluntario. 
3. Simplificar al máximo la aplicación del reglamento de deforestación al sector con la posible utilización de las bases de datos de trazabilidad existentes en la administración.
4. No permitir la aprobación de una sola regulación más sin base científica que no pueda ser exigida a países terceros a través de las cláusulas espejo. 
5. Modificación y refuerzo económico del Plan Estratégico de la PAC de manera que: Indexar el presupuesto de la PAC a la inflación, el incremento de costes laborales, el incremento de costes burocráticos y los costes productivos de una explotación ganadera (maquinaria, instalaciones, ganado y otros); los ganaderos de cebo reciban un pago directo por animal más elevado que el actual que permita hacer frente a los elevadísimos costes de producción o; volver a permitir justificar las actividades de mantenimiento en los pastos por terceros tal y como se hace en las tierras de labor; cambiar la tabla de equivalencias de UGM de manera que 1 vaca de carne vuelva a contar como 1 UGM y no como 0,8; ecoesquema de pastoreo en zonas húmedas volver a pasarlo con carga ganadera de 0,2 UGM/ha que actualmente lo han pasado a 0,4; modificación del Plan Estratégico de la PAC con una flexibilización de las BCAM 7 y BCAM 8. Es necesario modificar las exigencias medioambientales referentes a la condicionalidad y los Ecoregímenes dejando a libre elección el barbecho. En años en que las condiciones climatológicas adversas no permitan la realización de labores normales de siembra, eliminar la obligación de rotar cultivos y la diversificación. 
6. Fomentar la incorporación de jóvenes ganaderos mediante una ayuda consecuente, recibiendo derechos de la reserva con carga ganadera de pagos directos a 0,2 como era en el pasado y no a 0,4 UGM/ha como es ahora. 
7. Desarrollar el Real Decreto que regule las organizaciones de productores para el sector vacuno de carne.
8. Retirar la propuesta europea de regulación de bienestar animal durante el transporte.  Es una regulación ajena a la base científica de la Agencia europea de seguridad alimentaria (EFSA) e inasumible  para un país periférico y de temperaturas elevadas como es España.  
9. Pacto nacional del agua que atienda a la solidaridad hídrica. España dispone de recursos naturales y humanos para conseguir la autonomía energética hidráulica y alimentaria. En caso de sequía no se puede poner exclusivamente el foco en las granjas y aplicar restricciones puesto que se trata de agua para bebida de los animales y las cantidades no ponen en riesgo la disponibilidad de agua para otros usos.
10. Replantear las políticas agrarias destinadas a fomentar la autosuficiencia de cultivos proteicos que consisten en reducir el área destinada a los cereales para aumentar el área de proteaginosas, hasta ahora estos planes han dado como resultado final una disminución en la disponibilidad de proteína y fibra además de una disminución aun mayor de los de la energía (almidón) aportada por los cereales, lo cual para un país deficitario como España no es admisible. 
11. Prohibir la comercialización en España de la carne de laboratorio y el uso de denominaciones cárnicas para productos vegetales. 
12. Inclusión inmediata de las técnicas de mitigación en la regulación del marco de certificación de la reducción de carbono de la Comisión Europea, de manera similar a lo propuesto para el secuestro de carbono.  
13. Planes de sanidad realistas, más flexibles a nivel comunitario, que integren las particularidades de producción españolas y que afronten los retos de las enfermedades tradicionales y nuevas, consensuados entre sectores profesionales, el Estado y las Comunidades Autónomas. 
14. Solicitamos un verdadero control de fauna salvaje, en especial al jabalí, e indemnizaciones justas por los daños que ocasionen. Pedimos que el lobo deje de ser especie protegida.  
15. Aplicación real de la Ley de la Cadena Alimentaria centrándonos en los costes de producción a través de los correspondientes observatorios de precios. 
16. Poner tope al gasóleo agrícola y reducir los impuestos especiales y el IVA de los carburantes 
17. Incorporar a la carne de vacuno a los alimentos de la cesta que no requieren el pago del IVA. 
18. Prohibición de parques solares en parcelas productivas que impidan el desarrollo de la actividad agraria y ganadera.
19. Reforzar presupuestariamente los seguros agrarios con el fin de adaptarlos a la situación actual de fenómenos adversos, como la sequía, mejorando su cobertura, incluidos los daños de fauna silvestre. 
20. Suprimir el valor de las encuestas públicas en la justificación de las políticas comunitarias ya que es evidente que la respuesta del sector agrario es prácticamente inexistente y su punto de vista totalmente infravalorado.