El Gobierno no ha eliminado, como le instó el Congreso de los Diputados, el certificado veterinario, sino que lo ha sustituido por un documento que no debería enmarcarse dentro de la norma de control de las EEB, ya que responde a las exigencias requeridas dentro del cumplimento de la normativa comunitaria del Paquete de Higiene. El nuevo anexo XI contiene, para los sectores vacuno, ovino y caprino, el sistema de gestión de la información sobre la cadena alimentaria, que debe acompañar a todos los animales destinados a sacrificio. Dicho sistema estaba siendo estudiado con la Administración ya que conlleva un farragoso trámite de gestión de la información y genera duplicidad con documentos que actualmente ya están en funcionamiento. Se ha trabajado durante más de dos años conjuntamente con los ministerios implicados para conseguir consensuar un sistema más agil y adecuado para los operadores comerciales, hasta que el pasado sábado, sin previo aviso al sector, fue publicado.

Este hecho denota la falta de talante negociador por parte del Director Ejecutivo de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición con quienes nos hemos involucrado, en la medida en la que nos lo han permitido, en la aplicación de la normativa comunitaria relativa a la higiene y seguridad alimentaria.

Así mismo y como consecuencia de la entrada en vigor del “Modelo de declaración normalizada”, no consensuado con el sector, se está generando una gran confusión entre los productores, por la dificultad de aplicación y el poco tiempo de adaptación al nuevo documento publicado.

Por ello, y lejos de cualquier confrontación, INVAC entiende como necesaria la convocatoria de una reunión de urgencia y la inmediata suspensión de la Orden PRE/2893/2007, así como el acatamiento de responsabilidades por parte de los causantes de esta compleja situación.